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¿NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA PARA AMÉRICA LATINA?
ÁLVARO ZERDA SARMIENTO, PROFESOR ASOCIADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS U. NACIONAL

Un banco volcado a la integración regional, el desarrollo sustentable y la justicia social y ecológica, que actúe donde la banca convencional no lo hace, configura el nuevo esquema financiero por el que abogan Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El Banco del Sur, una propuesta interesante pero aún incipiente.
La crisis económica de escala global que atraviesa el mundo ha impuesto desafíos adicionales a los países en desarrollo, en particular a los del área latinoamericana. Se trata de cómo canalizar recursos para financiar proyectos propios del desarrollo, manteniendo aspectos de soberanía en políticas públicas, alimentaria, energética y ambiental. El balance que se hace después de más de medio siglo de existencia de las instituciones financieras tradicionales no es muy positivo, por lo cual los países de la región están buscando alternativas que les permitan avanzar por una vía autónoma para alcanzar sus propias metas y estilos de desarrollo.
Los límites
del actual esquema
Desde mediados del siglo pasado, los grupos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han aportado recursos para la región, pero su aplicación no ha logrado solucionar problemas como la pobreza –que en América Latina y el Caribe alcanza a más de la mitad de la población– y más bien ha reforzado otras dificultades: un creciente deterioro ambiental, un modelo agrícola que promueve los monocultivos y una acentuada concentración de la propiedad. El proceso de integración regional que el BID promueve, junto con otras instituciones e intereses financieros y comerciales tanto de fuera de América Latina y el Caribe como adentro de los países, se apoya en planes como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá, con perfiles de proyectos que ahondarán los impactos socioambientales negativos.
Las tendencias de la financiación
En las últimas décadas la composición del financiamiento orientado hacia los países de la región Andina ha venido cambiando a favor de instituciones como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y en contra del grupo del Banco Mundial y del BID, que pasaron de aportar el 41 por ciento y 46 por ciento respectivamente en el período 1997-1999, al 37 por ciento y 35 por ciento en el lapso 2005–2007. La CAF, por el contrario, vio aumentada su participación del 14 por ciento al 27 por ciento en los mismos años.
Estos cambios en la estructura financiera se han debido en parte al creciente rechazo a las medidas de condicionalidad e intervención en las economías nacionales y sobre las opciones de desarrollo impuestas por la banca tradicional. Esto ha conllevado la emergencia de nuevas entidades de alcance continental y subcontinental, con importante papel y variados grados de éxito en la región, como el Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), el Banco Centroamérica de Integración Económica (BCIE), el Caribbean Development Bank (CDB) y en el contexto de países el exitoso BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico Social) de Brasil y el Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social) de Venezuela.
Nuevas propuestas:
el Banco del Sur
Más allá de esos intentos, los deseos por recuperar la posibilidad de establecer sus propias estrategias de desarrollo, mantener autonomía en el manejo de las cuentas públicas y definir otros tipos de contabilización (por ejemplo, considerar los recursos derivados hacia educación y salud no como un gasto, sino como una inversión), a más de contemplar los temas ambientales como aspecto central del desarrollo, presionaron la propuesta de la creación de una banca alternativa a las instituciones convencionales.
En mayo de 2008, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firmaron el acuerdo definitivo para poner en marcha el Banco del Sur, con un capital inicial de 7.000 millones de dólares que podrá ser ampliado hasta 10.000 millones en un plazo de diez años. El propósito es poner en marcha a partir de 2010 un banco de nuevo tipo, volcado a la integración regional y al desarrollo sustentable, y que desde principios anclados en la justicia social y ecológica pueda actuar allí donde la banca convencional no lo hace. En últimas, los países miembros aspiran a que el banco apoye en todos los países de la región un nuevo estilo de desarrollo, que parte de un esquema respetuoso de la naturaleza y una dimensión ambiental, que vuelva a poner el énfasis en el bienestar de las personas y en la calidad de vida.
A comienzos del mes de agosto de este año diversos expertos y organizaciones de varios países de la región firmaron la denominada “Declaración de Quito”, que aboga por que la visión del Banco del Sur incorpore desde el diseño inicial de sus políticas la justicia social y ambiental para avanzar en la construcción del Buen Vivir, respetando los derechos de la naturaleza. La Declaración también recomienda el diseño, difusión y práctica de sistemas de evaluación multicriteriales, ajustados tanto a cada ecosistema como a los pueblos potencialmente afectados, los que deben incorporarse activamente en el proceso de selección, evaluación, consulta y consentimiento. En todo caso, la Declaración señala que el Banco debería priorizar sus recursos y créditos en aquellos proyectos que hagan realidad la soberanía alimentaria y la soberanía energética, especialmente desde la lógica de una soberanía regional a construir.
Preguntas pendientes
Si bien loable por la búsqueda de nuevas opciones al desarrollo, son varios los interrogantes que surgen al examinar esta incipiente iniciativa regional y que tienen que ver con su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. En primer lugar, y de cara a la crisis financiera vivida, se ha lanzado también la propuesta para la creación de un gran banco central mundial que reemplace al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, como autoridad financiera de última instancia. No es claro entonces cuál sería el papel que entrarían a desempeñar las instituciones financieras regionales en ese sistema más amplio y cómo compatibilizarían sus metas de soberanía en los diversos ámbitos.
Tampoco se han definido aspectos críticos, como cuál será la sede para el Banco y el esquema administrativo a diseñar. Punto crucial a precisar será también si se van a crear fondos dedicados a la conservación de la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales, claves para un modelo de desarrollo basado en la investigación científico-tecnológica autóctona. Y ligado a esto último, los criterios de rentabilidad a aplicar para proyectos que están profundamente signados por la incertidumbre y el riesgo, razón por la cual, entre otras, no han sido asumidos por la banca tradicional.
Finalmente, y para el plano local, cuál será la posición del Gobierno colombiano frente a estas alternativas que están buscando los países de la región, frente a lo cual se ha guardado absoluto silencio, marginándose de un proceso que se plantea, por lo menos, interesante.
Agencia de Noticias UN
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, 13/09/2009
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